El 1 de septiembre entró en Vigor el Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.
Este Decreto Ley implementa un nuevo sistema de bonificaciones para las empresas por contratación de personal, nuevos colectivos a proteger y actualiza la cuantía que puede bonificarse.
Uno de los requisitos que las empresas deben de cumplir para optar a estas bonificaciones es el de contar con un Plan de Igualdad registrado, cuando se trata de empresas de más de 50 personas en plantilla, es decir, empresas obligadas a contar con el Plan desde marzo del año 2022.
Desde el momento en el que las empresas alcanzan las 50 personas en plantilla tienen la obligación de contar con un plan de igualdad negociado y registrado en el Registro de Convenios Colectivos (REGCON).
Los plazos claves que las empresas han de conocer con respecto a la obligatoriedad del plan de igualdad son los siguientes:
- Tres meses desde que se contabilizan las 50 personas en plantilla para constituir la comisión negociadora.
- Un año para aprobar el plan desde la constitución de la comisión negociadora.
- Quince días para registrar el plan en el REGCON desde el momento de su aprobación por la comisión negociadora.
- Cuatro años plazo máximo de vigencia del plan de igualdad.
A efectos de los incentivos contemplados en el Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, se considerará que se cumple con el requisito cuando el plan de igualdad esté inscrito en el registro público (REGCON).
Hay que recordar que el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación establece que el no cumplir con las obligaciones en materia de igualdad es objeto de imposición de sanciones.
Las sanciones del Plan de Igualdad también están incluidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en el que se establecen sanciones económicas de hasta 225.018 €.
Trabajo ha creado una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para coordinar las acciones en materia de igualdad en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
