El Objetivo 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2027 es el de Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
La población española, cada vez más envejecida, y la existencia de colectivos con mayor riesgo requiere de una estrategia en el que se preste mayor atención a personas más vulnerables.
El informe revela que el envejecimiento de la población acentuará, inevitable y significativamente, el incremento de actividades relacionadas con el cuidado y la asistencia de personas, que por otra parte son ya la tercera sección de actividad que ocupa el mayor número de población afiliada, rondando una de cada diez personas trabajadoras. Estas actividades pueden prestarse en establecimientos de asistencia residencial o en los hogares familiares, además de la propia actividad sanitaria en centros de salud y hospitales.
Desde hace una década los informes de siniestralidad elaborados por el INSST destacan la actividad “asistencia en establecimientos residenciales” como máxima prioridad por su elevada siniestralidad.
También es relevante considerar un ámbito asociado a la actividad de servicios sociales, donde la gestión de la prevención resulta especialmente compleja. Mientras que, en 2021, el 3% del total de accidentes de trabajo tuvo lugar en domicilios particulares, en la actividad de Servicios Sociales esta proporción ascendió al 20%. En la actividad de Servicios Sociales sin alojamiento, las mujeres representaron el 80% de la población accidentada del sector.
Entre esos determinantes sociodemográficos la Estrategia considerará aquellos que pudieran constituir otros posibles escenarios de inequidad. Las personas trabajadoras migrantes representan un 12% de la población ocupada y un 12% de los casos de accidente de trabajo. Entre la población asalariada de origen extranjero destacan con mayor proporción de personas asalariadas las siguientes secciones de actividad: la hostelería (15,9%), el comercio al por mayor y al por menor (13,3%) y la industria manufacturera (11,3%). Al considerar el sexo en este análisis, cabe destacar que el 23,3% de las mujeres asalariadas de nacionalidad extranjera realiza actividades de servicios del hogar como empleadas domésticas y el 17,9% se dedica a la hostelería.
Otra de las prioridades de esta Estrategia son las personas trabajadoras autónomas, más de un millón de mujeres y cerca de dos millones de hombres, siendo en un 70% empresarias y empresarios sin personal asalariado. Al colectivo de personas trabajadoras autónomas se les aplica solo la normativa preventiva en determinados supuestos, pudiendo ser necesario un mayor alcance de las obligaciones que eleven su nivel de protección, especialmente frente a los riesgos graves.
Además de los riesgos tradicionales, las nuevas formas de organización del trabajo (plataformas digitales, trabajo en remoto, trabajo en red, etc.) y de empleo (flexibilidad, trabajos a tiempo parcial), sumadas a la elevación de la edad para acceder a la jubilación, al incremento de actividades relacionadas con la prestación de servicios y a una mayor movilidad de personas, posibilitarán un aumento de este colectivo como fuerza de trabajo.
El reto es garantizar la protección de todos estos colectivos considerados vulnerables mediante políticas preventivas. Para cumplir con este objetivo, se pretende trabajar en:
La mejora de la protección de las personas trabajadoras autónomas.
Identificación de colectivos de personas trabajadoras que presentan peores datos de salud y análisis de los factores que les hacen vulnerables para incorporar la prevención de riesgos laborales de manera transversal en otras políticas públicas (educación, sanidad, empleo, etc.).
Desarrollo de acciones para elevar el nivel de protección de colectivos específicos, especialmente en actividades de mayor riesgo, entre otros, trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario y servicios de asistencia a domicilio, personas trabajadoras del servicio del hogar y migrantes, atendiendo en todo caso tanto a la diversidad como a la convivencia intergeneracional.
Impulso de protocolos para la reincorporación al puesto de trabajo de las personas trabajadoras que hayan sufrido un daño en la salud.
Con esta premisa, la estrategia gubernamental se basa en las siguientes líneas de actuación:
Mejora de la protección de las personas trabajadoras jóvenes y menores de edad.
Mejora de la gestión de la protección de las personas trabajadoras autónomas.
Mejora de la protección de trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y sociosanitaria, y del sector asistencial.
Aprobación de criterios orientativos para gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, especialmente en lo relativo a los aspectos ergonómicos y psicosociales.
Retorno al trabajo tras un periodo prolongado de baja.
Mejora de la protección de las personas trabajadoras con discapacidad.
Mejora de la protección de las personas trabajadoras móviles y migrantes, incluidas las temporeras.
